La organización ecologista critica que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiera aprobar por la vía exprés el borrador de decreto despreciando cualquier opinión que no sea la del lobby cinegético.
A juicio de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha el borrador del texto del Decreto sometido a información pública merece una profunda crítica desde diversos puntos de vista, tanto en la forma de su tramitación como especialmente por su contenido. Motivo por el cual ha presentado alegaciones y ha solicitado su retirada para que sea objeto de un debate plural.
En cuanto a la forma, Ecologistas en Acción denuncia que en su primer trámite el decreto saliera a participación pública en verano, intentando ocultar la iniciativa a la opinión pública. Ahora, cuando se encuentra en información pública, el Gobierno solo ha dado 20 días para alegar, reuniendo a la vez y de forma precipitada a los consejos provinciales de caza y al consejo regional, que lo hará el próximo martes día 21.
El Gobierno regional no ha querido convocar otros órganos de participación que no fueran estos ya que en ellos hay mayoría de organizaciones pro-cinegéticas y miembros de la administración, y solo hay una presencia testimonial de organizaciones diferentes, como las ambientales, con un representante, y la científica, con otro. De esta forma el Gobierno regional se asegura el informe favorable de este órgano opacando cualquier debate con los múltiples sectores que se pueden ver afectados por esta norma.
En cuanto a su contenido, el nuevo texto de reglamento, lejos de corregir los errores del anterior, incorpora nuevas medidas que redundan en ofrecer privilegios al sector de la caza en detrimento del resto de la ciudadanía y de las actividades en el medio rural. Así, permite a los titulares cinegéticos cazar en vías públicas y pecuarias. También el reglamento incorpora una prórroga adicional de tres años para usar la munición de plomo en zonas cinegéticas de gestión pública. El uso de la munición de plomo ha sido relacionado científicamente con la contaminación de la carne de caza con este metal pesado, por lo que su consumo puede ocasionar graves daños en la salud, en especial en las personas vulnerables.
Este reglamento profundiza en la intensificación de la caza y en el perjuicio que ocasiona en el medio ambiente, en las especies y en los espacios naturales, singularmente los protegidos, en el desarrollo rural y en las actividades que se desarrollan en el medio natural, tales como educativas, deportivas, recreativas o turísticas y pone en riesgo la salud, la seguridad de las personas y el bienestar animal.
A pesar de este escenario Ecologistas en Acción ha presentado numerosas alegaciones al decreto por el que se aprobaría el reglamento de caza y que abarcan cuestiones tan importantes como: la custodia de la riqueza genética de las especies autóctonas, la reducción del número de especies cazables, la restricción de modalidades de caza especialmente dañinas o sanguinarias, la prohibición de las sueltas y tiradas, la declaración de una periodo mínimo de parada biológica por coto de 8 meses, la exclusión de los animales domésticos de la normativa cinegética, que no se facilite a cazadores hacer controles en espacios protegidos como los parques nacionales, que se prohíban los métodos de control de población basados en el uso de lazos y cajas trampa, que se prohíba la munición de plomo porque hay alternativas, que se limite la caza a personas menores de edad, que se implanten medidas de bienestar animal en el empleo de animales para la caza, que no se permita la caza en vías públicas y pecuarias y que se tomen medidas adicionales para evitar riegos a la seguridad de las personas no cazadoras.
