Los ingresos derivados de las instalaciones eólicas se dividen en ingresos periódicos (anuales) y pagos de inicio de actividad (impuestos de obras, un solo pago inicial). Los ingresos periódicos se dividen en tres apartados, que en realidad son dos. Por un lado, el pago por arrendamiento de terrenos a propietarios. Por otro, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que es pagado por los propietarios al ayuntamiento, es decir, que sale de lo que le paga la empresa al propietario. Y por último, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que pagan al ayuntamiento las empresas que facturan más de un millón de euros anuales.
En cuanto a los arrendamientos, ya no se cobra por los aerogeneradores lo de hace 15-20 años. Es la única cifra que se conoce con certeza para los eólicos de Sigüenza y el Alto Henares porque sabemos que una persona, en el nombre de la empresa, ha ido hablando con propietarios y ofreciendo una cantidad concreta: 3000 euros por turbina y año. El dato lo conocemos de primera mano porque miembros de esta plataforma han estado presentes en reuniones de baldíos de ciertas pedanías con esa persona.
En el término de Sigüenza van 43 aerogeneradores de los 47 de la central eólica de Piedrablanca (el resto, en Miño de Medinaceli; en Sienes, a pesar de que lo citan los medios, no va ninguno). El ingreso global bruto para los propietarios sería de 43 x 3000 = 129000 euros/año. De esa cifra tiene que salir el IBI que cobraría el ayuntamiento cada año, que, lógicamente, será una cantidad inferior. Inferior, pero no desdeñable para el propietario: el IBI se calcula en función del valor de lo que hay en la parcela, y lo que van a poner en ella vale un dineral, aunque solo sea en obra civil (sin siquiera contar las turbinas, pero sí cuentan las zapatas, caminos, instalación eléctrica, etc.) Una buena mordida a esos 3000 euros/año brutos.
En cuanto a las demás cifras, solo podemos extrapolar por comparación. El IAE, por ejemplo, lo podemos prorratear a partir de lo que se cobra en Maranchón. Allí hay 7 parques eólicos con un total de 104 aerogeneradores de 2 MW, que suman 208 MW. El ingreso por IAE fue de 202164 € en 2017 (gobierno.es), que han de corresponder en su totalidad a eólicos ya que no parece haber más empresas que facturen más de 1 millón allí. Si suponemos que en Piedrablanca (43 x 3.15 = 135.45 MW) se produciría lo mismo por megawatio que en Maranchón, cifra generosa ya que allí altitud y exposición a vientos son mayores, salen unos ingresos por este concepto para Sigüenza de 131650 €/año. Sumados a lo percibido por IBI arroja una cantidad anual con seguridad inferior a 200000 euros anuales. Muy poco dinero en una economía como la de Sigüenza: la venta de una sola vivienda (o dos) ya es más movimiento económico para el conjunto que esa cifra.
Con lo que entra algo más de dinero es con el ICIO (impuesto construcción) del primer año. Es un 3% de la inversión en Sigüenza, pero, por lo que se va averiguando, las turbinas no contarían como parte de la obra (se fabrican fuera y luego se ponen, como una nevera puesta en una casa, que no computa, como es lógico, en el impuesto de obras). Esto se sabe por un pleito recientemente ganado en Maranchón, donde la empresa eólica solo quería devengar ICIO por la obra civil, en cuya sentencia se cita la parafernalia eléctrica (transformadores y lineas) como parte de la obra, pero se excluyen los aerogeneradores. No es lo mismo un 3% de 140 millones de inversión total que si no se cuentan los aerogeneradores, cada uno vale entre dos y tres millones, son la mayor parte, con mucha diferencia, de la inversión. A pesar de las dudas existentes, comparando con otros lugares se puede estimar que Sigüenza podría recibir el primer año una cifra de entre algo menos de 1 y algo más de 1.5 millones. Ese pellizco no es desdeñable, pero tampoco es la panacea: la deuda municipal es de unos 3 millones en un presupuesto de unos 5.5 millones. Una deuda cuya mayor parte es a largo plazo y que es solo de poco más del 50% del presupuesto, menos que la hipoteca de muchas familias. El ayuntamiento de Sigüenza está bastante saneado a este respecto, no parece vital para él este tipo de ingreso extra.
Pero lo importante es que estos ingresos no son gratis. ¿Cuánto valen 8000 hectáreas de terreno afectadas, según el polígono eólico propuesto? ¿Cuánto valen más de 20 hoteles y casas rurales afectados en más de 15 pedanías, con más puestos de trabajo por sí solas casi todas ellas que el parque eólico completo? ¿Cuánto valen las pérdidas patrimoniales en viviendas con turbinas a 500, 600, 700, 1000 metros de sus ventanas? ¿Cuánto valen los daños a la salud por infrasonidos a esas distancias? ¿Cuánto vale un Parador Nacional de cuatro estrellas con un horizonte de flashes parpadeantes cuando te asomas a la ventana del dormitorio por la noche? ¿Cuánto valen los nuevos negocios turísticos que ya jamás se abrirían ni los futuros vecinos o compradores de segunda residencia a los que ya no les interesarían nuestros pueblos, hasta ahora, pero ya no más, de paisajes intocados y alta calidad de vida? ¿Y cuánto vale el IBI y resto de impuestos que pierde el ayuntamiento por los detrimentos de valor patrimonial? Ya hay un equipo de técnicos y abogados evaluando estas pérdidas patrimoniales. Es un peritaje que llevará tiempo, pero se puede adelantar que los ingresos, incluidos arrendamientos, no cubrirían ni el 2% de las pérdidas. Ya se van sumando propietarios dispuestos a exigirlas legalmente si el proyecto sigue adelante, tanto a empresa, como a administración, como a los arrendatarios de terrenos que los cedan. Que no quepa ninguna duda.
Plataforma de Afectados por los Macroproyectos Eólicos Sigüenza y Alto Henares (AMESAH),
Nota: cálculos están referidos a la central eólica de Piedrablanca; el cómputo para los 4 parques eólicos proyectados en el Alto Henares se obtendría proporcionalmente (Piedrablanca, La Sierrezuela, El Castillar, Los Caveros, total 435 MW instalados, 139 aerogeneradores). Son además cifras máximas ya que es de esperar que una serie de aerogeneradores (entre 1/3 y 1/2 en Piedrablanca) no puedan ser instalados por restricciones legales ambientales (cercanía a nidos de aves protegidas, etc.)
