Veterano de mil batallas, jurídicas se entiende, el coruñés José Antonio Martín Pallín ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas en primera línea en el frente judicial en pro de la normalización democrática de este país, tanto como fiscal de carrera como posteriormente magistrado del Tribunal Supremo, militante de la Unión Progresista de Fiscales, que llegó a presidir, y de Jueces para la Democracia, de la que fue portavoz. Su compromiso social y político le llevó también por otros derroteros, como presidir la Asociación pro Derechos Humanos de España y colaborar activamente con Amnistía Internacional.
Su trayectoria democrática y progresista ha quedado bien patente a lo largo del ejercicio de su profesión durante años, siendo una referencia en la interpretación y aplicación de las normas con un carácter ajeno del conservadurismo habitual de este poder del Estado, habiendo sufrido críticas acerbas por parte del ámbito más reacio al cambio en cualquiera de las posibles manifestaciones legales por parte de los sectores más rancios de la política, medios de comunicación y, naturalmente, la judicatura. Publica ahora este ensayo que traemos a colación, breve pero muy significativo e intenso en su contenido que aborda un problema que se ha detectado en los últimos tiempos en nuestro país. A juicio del autor, desde principios del presente siglo se viene detectando un fenómeno preocupante.
La injerencia de los jueces en la actividad política. Cierto que esta injerencia es, en gran medida, instigada y, a veces, exigida por lo propios actores políticos: se aprecia que cualquier resolución tomada por una autoridad, llámese gobierno, comunidad o ayuntamiento, es inmediatamente recurrida a los tribunales, aunque se trate simplemente del acuerdo de instalar una farola en la plaza mayor de la localidad. Pero es misión de los tribunales aceptar aquellos pleitos que reúnan las condiciones para ser juzgados por contravenir las leyes, y no simples discrepancias.
La admisión a trámite de cuestiones baladíes o meras divergencias de criterio con escaso nivel de recorrido jurídico no hacen más que embarullar el normal funcionamiento de la Administración y crear animosidad política. Pero además, Martín Pallín pone el acento en la intromisión voluntaria en el ámbito de la actuación legítima de otros poderes, legislativo y ejecutivo, que ven restringidas sus facultades con la continua intromisión de los jueces en sus funciones, tanto en la toma de decisiones como en la mala interpretación de las leyes.
El autor clama contra esta forma de actuar que cree a veces intencionada a través de una serie de ejemplos que confirman esta tesis, señalando la actuación complementaria de los medios de comunicación, siempre dispuestos a cumplir con sus patrones aireando aquellas resoluciones favorables a sus tesis ideológicas o a sus intereses.
